Defensoría de los Universitarios presenta denuncias criminales por violación a la autonomía universitaria, allanamiento ilegal y abuso de autoridad ante el Ministerio Público

La Defensoría de los Derechos de los Universitarios de la Universidad de Panamá presentó ante la Procuraduría de la Nación denuncias criminales contra la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad.
El profesor Gilberto Marulanda, defensor de los universitarios, junto con dos abogadas de la institución, interpusieron las denuncias por la violación a la Autonomía Universitaria y la comisión de los delitos de allanamiento al lugar de trabajo, violando el artículo 163 del Código Penal, la comisión del delito de abuso de autoridad, violando el artículo 355 del Código Penal; hechos ocurridos el 29 de abril en el Domo Harmodio Arias Madrid.
Marulanda explicó que la acción legal se efectúa también por los hechos suscitados el pasado 7 de mayo en el Campus Central, donde una unidad motorizada de linces ingresó al campus por su entrada principal.
Ambas denuncias son acompañadas de pruebas tales como planos, fotos y videos que comprueban la comisión de los delitos denunciados, explicaron los abogados.
“Es necesario recordar a la ciudadanía que no es la primera vez que nos apersonamos a esta instancia investigativa a presentar denuncias criminales por el actuar abusivo del estamento que está llamado a proteger y servir a los habitantes de la República de Panamá y que para ejemplo citamos: por el uso desmedido de la fuerza policial hecho cometido el día 15 de junio de 2023 y por la intrusión de un vehículo patrulla en el Campus Central el día 15 de noviembre de 2023”, indicó el defensor de los universitarios.
Asimismo, el funcionario universitario recalcó que la Defensoría de los Universitarios se reafirma en la defensa de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política y la salvaguarda de los derechos de los estamentos de la casa de Octavio Méndez Pereira.
“En ese sentido, en este momento histórico, donde está en entredicho si estamos ante un estado de derecho que cumple nuestras garantías individuales y colectivas, hacemos un llamado justamente al Ministerio Público para que realice una investigación profunda, diligente e imparcial y que cumpla su rol constitucional de perseguir los delitos y vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos, que dé con los responsables intelectuales y materiales de los hechos que aquí se denuncian”, sostuvo Marulanda.