Con el uso del vehículo antimotines conocido como «El Pitufo», símbolo de represión en épocas dictatoriales, utilizado el pasado 2 de junio, se atacó y deterioró directamente el edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá que alberga los departamentos de Fisiología Humana, Microbiologia Humana y Bioquímica y Nutrición, denunció el Defensor de los Universitarios, Gilberto Marulanda.
Explica Marulanda que este acto,no solo dañó siete ventanas y equipos de alto valor como el carro metabólico, sino que comprometió espacios de investigación y docencia esenciales para la formación médica nacional.
De esta manera, la Defensoria de los Derechos de los Universitarios expresa su más enérgico rechazo y profunda preocupación ante los hechos ocurridos el martes 2 de junio de 2025, cuando unidades de la Policia Nacional hicieron uso desproporcionado de la fuerza durante las acciones de protestas desarrolladas en los predios del Campus Octavio Méndez Pereira.
Agrega el defensor, que en el segundo piso de la facultad, los riesgos químicos y biológicos generados por los chorros a presión y la posible dispersión de gases, en una zona con reactivos inflamables y material delicado, pusieron
en peligro a toda la comunidad universitaria y zonas aledañas.
«Estas acciones constituyen una grave afrenta a la autonomia universitaria y a la integridad de quienes hacen vida académica en nuestros recintos. La Universidad de Panamá es un espacio de
ciencia, pensamiento crítico y servicio al pais, no un campo de batalla», destaca.
Asimismo, reiteró que, aun con las secuelas visibles de la agresión, el miércoles 3 de junio, estudiantes de la Facultad de Medicina continuaron con sus clases. «Su ejemplo de compromiso y resistencia reafirma que la
Casa de Octavio Méndez Pereira no se detiene, aqui se forman los profesionales y también la conciencia crítica de esta nación», dijo.
Ante este nuevo atropello, la Defensoria de los Derechos de los Universitarios informa que evalúa presentar la quinta denuncia formal contra la Policía Nacional por vulneración de derechos universitarios.
